Esta historia se repite. No es una cuestión de teorías ni de especulación ideológica, sino de observar la historia reciente. Cada vez que grandes incendios arrasan zonas de la Patagonia, la reacción oficial es casi inmediata, se habla de fuego intencional y se señala a un enemigo interno. En los últimos años, distintos gobiernos de derecha han recurrido al mismo argumento, culpando a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Acusación que funciona como atajo político, hay culpables claros y el relato entra en el cuento de la buena pipa, una repetición que evita cualquier pregunta incómoda y vuelve siempre al mismo punto.
Incluso si se aceptara la existencia de grupos radicalizados o acciones aisladas, hay un punto que no admite discusión: el incendio no beneficia a las comunidades mapuches ni a los pobladores rurales. No fortalece reclamos territoriales y no mejora condiciones de vida. Por el contrario, destruye viviendas, animales, bosque nativo y redes comunitarias. El fuego empobrece y pensar que quienes viven del territorio se benefician incendiándolo no resiste el menor análisis material.
Entonces, la pregunta es:
¿quiénes se benefician cuando la Patagonia se quema?
El primer efecto es económico. La tierra quemada se devalúa. Pierde productividad, se vuelve costosa de recuperar y difícil de sostener para pequeños propietarios o comunidades. Sin asistencia estatal suficiente, muchas familias se ven empujadas a vender, endeudarse o abandonar el lugar. El fuego actúa como un mecanismo de vaciamiento silencioso del territorio.
Ese es el momento en el que aparecen los actores con espalda financiera. Desarrolladores inmobiliarios, inversores turísticos, fideicomisos, fondos locales y extranjeros que compran tierra barata cuando nadie más puede sostenerla. No suelen ser empresas visibles ni nombres rimbombantes, operan a través de sociedades anónimas, intermediarios regionales o testaferros. Compran cuando el territorio está arrasado y esperan.
Esto no es una hipótesis futura, ya ocurrió. En la Comarca Andina —Lago Puelo, El Bolsón, zonas rurales cercanas a Epuyén— después de incendios de gran magnitud se registraron procesos de compra de tierras afectadas por el fuego. Años más tarde, esos mismos espacios reaparecieron convertidos en emprendimientos turísticos selectivos, desarrollos residenciales de baja densidad o proyectos presentados como “sustentables” y “en armonía con la naturaleza”. La secuencia es conocida: primero el incendio, después el silencio, más tarde la inversión.
Algo similar puede observarse en áreas cercanas a Bariloche, donde incendios forestales precedieron procesos de revalorización inmobiliaria y turística. El discurso eco-friendly aparece en la etapa final, cuando la tierra ya cambió de manos.
No es un detalle menor que hasta hace poco existiera una barrera legal pensada para frenar este mecanismo. En diciembre de 2020 se modificó la Ley de Manejo del Fuego mediante la Ley 27.604, presentada en el Congreso por Máximo Kirchner, para prohibir durante décadas la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas (hasta 30 años en zonas productivas y 60 años en bosques nativos). Con la llegada del gobierno de Javier Milei, esas restricciones fueron desactivadas, volviendo a habilitar que la tierra quemada pueda cambiar de manos y de destino.
Otro sector que se beneficia es el forestal. El bosque nativo, diverso y de crecimiento lento, no encaja en la lógica de rentabilidad industrial. Tras los incendios, la reforestación suele orientarse hacia monocultivos de pino o eucalipto, impulsados por empresas forestales y avalados por políticas públicas. Son especies de rápido crecimiento y alta inflamabilidad. El incendio se vuelve parte de la dinámica del sistema.
Finalmente, hay un beneficio estructural, la impunidad. Los grandes incendios rara vez terminan con responsables condenados. Las causas se diluyen, los peritajes se contradicen y el tiempo enfría todo. El fuego es un crimen eficaz en territorios extensos, con baja densidad poblacional y un Estado que siempre llega tarde.
Por eso los incendios no son solo un desastre ambiental. Son una forma de reordenamiento territorial que desplaza a los más débiles, abaratan la tierra y habilitan negocios futuros que se presentan como verdes después de que el daño ya está hecho. Culpar a un enemigo visible permite cerrar la historia sin cuestionamientos, mirar quién se beneficia con los incendios obliga a replantearla.